El 13 de julio del año 2000 GARA publicó la siguiente asombrosa información:

Paralizan el pago de indemnizaciones a los trabajadores de «Egin» y Egin Irratia

El FOGASA alega haber recibido «instrucciones verbales» del administrador judicial

Amaia UGARTE | DONOSTIA

En vísperas de que se cumplan dos años desde su cierre, trabajadores y miembros del último comité de empresa de "Egin" y Egin Irratia, acompañados de representantes de LAB comparecieron ayer ante los medios de comunicación en Donostia, para denunciar «la última cruzada emprendida» por el juez Baltasar Garzón, magistrado que ejecutó la clausura de estos dos medios, el 15 de julio de 1998.

Lourdes Etxeberria y Patxi Hernández denunciaron que los trabajadores de "Egin" y Egin Irratia no han percibido aún las indemnizaciones a las que tenían derecho «después de que Garzón ordenara el cierre de la empresa, nos dejara en la calle y nos impusiera un administrador judicial», Antonio López Iranzo, con el que tuvieron que negociar las cantidades que debe abonarles el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), unas cantidades que fueron reconocidas en su día por parte de la Administración Judicial en acto de conciliación.

Según explicaron, los abogados cumplieron «detalladamente» todos los trámites administrativos exigidos y, por lo tanto, el pago de las indemnizaciones se debería haber producido el pasado mes de marzo, como ocurriría en el caso de «una empresa normal, pero con "Egin" y con Egin Irratia no ha habido nunca una situación normal desde que Garzón decidió cerrarlos. Tras varios retrasos ­relató Patxi Hernández­ y continuas justificaciones por parte del FOGASA, nos temíamos que algo nuevo se estaba preparando desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid».

Tras varios meses pidiendo explicaciones por la demora en el pago de cantidades, el viernes pasado el secretario general del FOGASA en Madrid comunicó a los representantes legales de los trabajadores que no podía proceder al pago «porque había recibido instrucciones verbales del administrador judicial de no pagar hasta que se conocieran los resultados de la investigación a la que se iba a someter a las empresas que conforman el diario GARA, con la intención de investigar una supuesta sucesión de empresas con las que formaban "Egin" y Egin Irratia».

Los trabajadores de estos dos medios denunciaron que «Garzón y Mayor Oreja vuelven a la carga, intentando en esta ocasión atacar directa y consecutivamente contra todo medio de comunicación que no comulgue con su Estado de Derecho particular».

Recordaron, además, que GARA surgió gracias a la aportación desinteresada de más de 10.000 accionistas y se preguntaron «qué mente enferma puede pesar en una sucesión de empresas, cuando todos los bienes de las anteriores empresas permanecen embargados».

Tras calificar la operación iniciada por Baltasar Garzón de «claro ataque jurídico-político contra nosotros y contra nuestros intereses como trabajadores», subrayaron que el impago de indemnizaciones coloca a los trabajadores de "Egin" y Egin Irratia «en un estado de desprotección absoluta». Al mismo tiempo, se preguntaron «en qué Estado de Derecho se puede entender que un juez de la llamada Audiencia Nacional pueda inmiscuirse en temas de índole puramente laboral, dictando órdenes como si del mismo Torquemada se tratara».

La cantidad que debe abonar el FOGASA a los alrededor de 250 trabajadores que se vieron afectados por el cierre de los dos medios de comunicación cerrados hace dos años, según explicó Patxi Hernández, asciende a un total de 250 millones de pesetas, en concepto de indemnizaciones y finiquitos, a pesar de que esa cantidad no se corresponde con los años de cotización de muchos de los trabajadores, que llevaban veinte años en la empresa.

Teniendo en cuenta los topes legales que no se pueden sobrepasar, esa es la cantidad a la que pueden acceder los trabajadores de los dos medios clausurados, si bien el montante reconocido por la Administración Judicial asciende a 282 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones, y a 101 millones en concepto de salarios y finiquitos.

El representante del sindicato LAB Iker Rokandio denunció que la paralización del pago de las indemnizaciones es consecuencia de una decisión política. «Tenemos claro que todo es consecuencia de una decisión política, que no es la primera que en este proceso, desde que clausuraron "Egin" y Egin Irratia. Es una decisión jurídicamente impresentable ­añadió­ porque supone discriminar al personal de "Egin" y Egin Irratia respecto al resto de trabajadores de las diferentes empresas», subrayó.

Afirmó que, de todas formas, este no es el primer ataque que sufren los trabajadores de "Egin" y Egin Irratia y recordó, en ese sentido, los problemas que tuvieron en su día para poder acceder a las prestaciones de desempleo. «El intentar castigar a los trabajadores y añadir este plus de cebarse un poco después de lo traumático que tuvo el cierre de estos dos medios de comunicación no es nuevo, ya que para cobrar el paro, un derecho fundamental, tuvieron que hacer frente a un montón de problemas», denunció.

El abogado del sindicato abertzale mostró su solidaridad a los trabajadores de los dos medios de comunicación y anunció que apoyarán todas las movilizaciones que convoquen. «No estamos por la labor de acostumbrarnos a este tipo de actuaciones», manifestó.

Anuncian demandas judiciales y movilizaciones

A.U. | DONOSTIA

Los trabajadores de "Egin" y Egin Irratia anunciaron en la comparecencia de ayer el inicio de una serie de acciones para reclamar los derechos que les corresponden como trabajadores y para exigir el pago de las indemnizaciones acordadas con la Administración Judicial. «Los trabajadores y trabajadoras de "Egin" y Egin Irratia no podemos permanecer pasivos viendo cómo pisotean nuestros derechos desde Madrid», denunciaron.

Así, anunciaron que ya han presentado, en el Juzgado de lo Social de Donostia, una demanda contra el FOGASA para preservar la tutela de los derechos fundamentales como trabajadores, «porque en este caso hay una clara discriminación contra nosotros».

La próxima semana, por otra parte, interpondrán otra demanda de pago de cantidades contra el FOGASA y contra la Administración Judicial impuesta por Baltasar Garzón, también en el Juzgado de lo Social de Donostia.

Los trabajadores de los dos medios de comunicación clausurados también anunciaron que se movilizarán para denunciar la situación que padecen. Mañana mismo realizarán una concentración de protesta ante las instalaciones que el Fondo de Garantía Salarial posee en Amara, en Donostia. La movilización tendrá lugar a las 11.00, y en la misma exigirán al FOGASA «el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto a nuestros derechos como trabajadores».

Por otra parte, realizaron ayer un llamamiento a las formaciones políticas, sindicatos y también al Gobierno de Lakua para que muestren «su solidaridad y denuncia por un tema tan grave en contra de un colectivo de trabajadores vascos».

Según manifestaron los trabajadores, el Ejecutivo de Lakua «también es competente en la materia y debería posicionarse al respecto».